En el debate político de El País nos realizan una pregunta, ¿Quién es responsable de los desmanes que se han realizado en algunas cajas?, que hace referencia al final de una historia que supongo que a mucha gente en España le genera perplejidad y desasosiego. Es un tema que llevo ya muchos años sin poder comprender y que al menos ahora parece que no se librará de la impunidad absoluta. Esta es la justificación de la pregunta y el texto que he preparado con mi punto de vista:
El Banco de España ha nacionalizado tres cajas de ahorros y supervisa la CAM, donde ha habido mala gestión y sueldos y jubilaciones millonarios. ¿Quién es responsable de los abusos cometidos? ¿Deben dar cuenta las comunidades autónomas de lo ocurrido? ¿Es responsabilidad principal del supervisor y, por tanto, de Fernández Ordóñez?
La principal responsabilidad, es de los que han sido responsables, valga la redundancia (quizás deberíamos definirlos como irresponsables), de la estrategia, toma de decisiones y gestión de estas cajas durante las últimas décadas. Y este grupo de gente es fácil de localizar: por una parte políticos en activo (muchos candidatos en las últimas elecciones o en las próximas generales) y políticos «retirados» a los que se les ha creado un retiro de oro en pago a los servicios prestados. Y por otra, pseudo-gestores y pseudo-empresarios que se han dedicado a dilapidar el patrimonio de unas instituciones controladas desde la política pero desconectadas del control democrático y en las que no era necesario rendir cuentas ni demostrar una mínima eficacia en la gestión o las inversiones. Algunas cajas han sido al parecer el paraíso de incompetentes, «listos» y corruptos que han utilizado una posición de privilegio para sus propios intereses y para los de sus lobbies (sean partidos o grupos empresariales). Además estas cajas han gozado aún de mayor impunidad por el pacto de silencio sobre su gestión que le han concedido la connivencia de partidos políticos y medios de comunicación en muchos lugares de España (véase el caso gallego).
La debacle final de este sistema llega en un momento de crisis global que tiene un origen financiero. Pero en España cuenta con una variante específica que es que ha afectado especialmente a las cajas de ahorros y mucho menos a la banca privada. Las cajas son unas instituciones financieras muy peculiares dado que cuentan con un componente público y político especialmente relevante. Por eso, en España culpabilizar al sistema financiero de la crisis significa que los partidos políticos asuman una gran dosis de responsabilidad.
Ahora asistimos de algún modo a una demolición controlada, en la que todos los implicados van liberando la información a cuentagotas y se trata de hacer desaparecer, de un modo u otro, a estas cajas tóxicas sin generar lo que algunos denominarían «alarma social». En realidad, se está tratando de pasar de puntillas por el que podría ser uno de los mayores escándalos de nuestra historia reciente y en el que casi todos los que han tenido poder en las últimas décadas tienen su dosis de culpa.
Lo sucedido, más allá de las responsabilidades legales (sobre las que curiosamente casi nadie parece preguntarse por ahora), requiere de una revisión crítica que permita conocer nuestra historia reciente con la mayor transparencia posible. Solo así será posible iniciar la transformación real que necesitan las instituciones españolas. Quizás la mejor opción para este objetivo sea crear «comisiones de la verdad» que, por encima de parlamentos e intentos de control por los implicados que siguen contando con poder, sean capaces de identificar las causas y responsables de todo lo sucedido.
¿De dónde puede venir el impulso al inicio de este proceso? El movimiento #15M fue la respuesta genérica a una indignación que aún no había identificado claramente a los culpables. Chile e Israel han vivido movimientos similares pero ya más focalizados en problemas concretos. Y ahora, de nuevo de forma sorprendente para muchos, los indignados estadounidenses acampan en Wall Street y su protesta se extiende por otras ciudades. En esta ocasión, su objetivo son los responsables financieros. ¿Cuánto tardará en regresar este movimiento a España para denunciar y exigir responsabilidades a los que han utilizado las cajas durante años de un modo incompetente y corrupto?