Como no podía ser menos, después de unos años de “políticas de innovación” (pero, tristemente poco innovadoras), vivimos en España una campaña electoral que en lo que respecta a la cuestión del I+D+I (y casi en cualquier otra) podríamos trasladar a cualquier momento de las últimas décadas del siglo pasado.
Los políticos enmascaran en muchas ocasiones su escasa capacidad con términos técnicos que toman prestados de la economía, con la esperanza de que el lenguaje proporcione un aura de objetividad (y casi fatalidad) científica a lo que no es más que una decisión política, que resulta muchas veces de la incapacidad de pensar y actuar de otro modo. Así, oímos hablar de “políticas de oferta y demanda”. Pero las políticas de demanda, las únicas que se han desarrollado en los últimos años y casi las únicas que escuchamos en esta campaña electoral, esconden una visión asistencialista y subsidiadora de la política. La receta es en realidad muy simple. En el mejor de los casos, cuando detectan un problema reparten dinero público entre los afectados con la esperanza de que de este modo solucionen el problema. En el peor de los casos, reparten dinero entre los sectores de la población más susceptibles de modificar su voto a favor del “proveedor” de subsidios.
Pero, ¿no existen otras políticas?, es obvio que si y que solo el agotamiento (en todo el espectro ideológico) de una clase política que ha ocupado el poder (en el gobierno o en la oposición), y han abandonado la vida real, en las vertiginosas últimas décadas explica la ausencia de capacidad para llevar a cabo otras formas de gobernar. Así lo explicaba José Luis Gómez, Por un país más libre, cuando se refería a la actual política gallega en El País hace pocos días.
La política científica no es inmune a esta parálisis que atrapa ya no solo a la que solemos denominar “clase política”. Afecta del mismo modo a toda una capa de niveles intermedios con responsabilidades de gestión pero perfiles fuertemente políticos (y puestos conseguidos casi exclusivamente por “méritos políticos”). Otros dos artículos aparecidos en El País en las últimas semanas son prueba de ello. Por una parte, el presidente del CSIC Carlos Martínez Alonso, Ya no sólo inventan ellos, y por otra el rector de la Universidad de Santiago de Compostela Senén Barro, ¡Déme algo para investigación, que soy rector!, se declaraban a su manera inmensamente satisfechos del papel y logros de la ciencia en España y cifraban todos sus problemas en la necesidad de mayor financiación. Sonaba a viejo, más bien a rancio. Como muestra, ya en Diciembre de 2006 el mismo presidente del mismo CSIC escribía en el mismo periódico sobre La financiación de la ciencia. Los argumentos, con un tono menos triunfalista, eran similares. En aquel momento sentí la necesidad de responder a visiones tan simplistas y publiqué una Carta abierta al Presidente del CSIC: sobre la financiación de la ciencia española. Sigo sintiendo la misma necesidad, pero cada vez tango mayor convicción de que estos esfuerzos son completamente inútiles mientras no haya cambios profundos. Aún así, aprovechando mi participación en las VI Jornadas de Jóvenes Investigadores, elaboré algunas ideas sobre la relación entre investigación, universidad y empresa, que naciendo de la crítica trataron de lanzar propuestas para un cambio que debería ser fundamentalmente organizativo.
Pero no es momento de ideas para el cambio. Por desgracia parece que antes es necesario que cambien los diseñadores de las políticas públicas. Es una conclusión triste, pero a la que no llego solo ni principalmente por mi propia experiencia. Escribo todo esto después de leer el artículo que Luis F. Rull (el padre de Luis Rull y catedrático de Física en la Universidad de Sevilla) que apareció el 28 de Febrero en la la edición andaluza de El Mundo y que su hijo publica en su blog (I+D+I, Otra oportunidad perdida. Por Luis F. Rull; pdf).
Dos cuestiones me quedan claras de su lectura. El profesor Rull tiene una visión clara y profunda del sistema de I+D+I español, de sus problemas y de los tipos de cambio precisos. Pero es una visión desesperanzada fruto de años de intentos vanos que han chocado con la incapacidad o desinterés político. En esa desesperanza muchos verán un peligro (al ir contra “su” sistema), yo percibo una pasión por su tierra, Andalucia, que hace que le duela aún más la situación.
El artículo explica el problema general a partir de la historia particular de la política cientifica andaluza en la última legislatura y de un informe sobre el estado del I+D+I andaluz que fue contratado por las autoridades políticas, fue comunicado sin recibir críticas, y que identificaba adecuadamente los problemas y apuntaba soluciones. Pero, una vez más, estas evidencias no ha motivado ningún cambio:
… Mi opinión es que la Junta de Andalucía no realiza bien esta “fundamental tarea” a pesar de haber oído las alarmas sobre su mala gestión y de haber tenido a su disposición los diagnósticos y las soluciones. ¿Razones? No se me ocurren otras que la desidia o la cobardía.
En Enero de 2004 altos cargos de la Junta recibieron un informe en el que se enumeraban algunas de las debilidades del sistema andaluz de I+D+i: la baja inversión en comparación con España y con otras comunidades autónomas, la escasez de recursos humanos, la ausencia de una masa crítica en áreas importantes, la concentración excesiva del gasto público, las diferencias importantes entre grupos y áreas de conocimiento para realizar investigación de calidad y la escasa capacidad de investigación e innovación en las empresas … un encargo del Prof. Francisco Gracia, entonces Secretario General de Universidades e Investigación de la Junta de Andalucía …
…
Nada más se supo de aquello. Después de más de cuatro años todo sigue igual. Aunque se ha progresado algo en términos absolutos, Andalucía sigue sin alcanzar la media de España y la distancia con las comunidades más ricas se acrecienta. La comparación con la mayoría de los miembros de la Unión Europea es tan dolorosa que la vergüenza impide reseñarla.
Luis F. Rull restringe sus conclusiones al territorio andaluz, donde identifica una gravedad de la situación aún mayor que en otras regiones españolas, pero el diagnóstico podría extenderse a buena parte del territorio:
Da la impresión de que estamos ante un Gobierno con un grupo de gestores agotado, que es incapaz de hacer políticas con el vigor necesario. Cuando tienen buenas ideas, cuando son capaces de entender la importancia de la sociedad civil en el progreso, prefieren dejarse llevar por la inercia de lo hecho hasta ahora, como si pensaran que si no cambia nada, no van a tener problemas. Políticas conservadoras stricto sensu.
Después de tantos años y tanto dinero invertido procedente de fondos autonómicos, nacionales y FEDER, no se ha conseguido avanzar lo suficiente. Sólo nos queda la iniciativa, la ilusión y el sacrificio de grupos de investigación que no se resignan y que trabajan “a pesar del gobierno”. Y mi impresión es que el número de estos “resistentes” no hace más que descender.
En políticas científicas los investigadores vemos con demasiada frecuencia que en las universidades y centros de investigación sólo se consigue prosperar personalmente con dos estrategias: o dedicándose a la política, de tal forma que cuando vuelves te “premian” con un Instituto de Investigación ad hoc, o apuntándose a alguna “moda científica” en la que los profesionales de la política vean algún rédito electoral. Olvidan comprobar si el historial internacional de publicaciones es alto y concordante con la investigación propuesta, o la importancia estratégica que la comunidad científica ve en esas áreas de investigación. El poder político sabe mejor a quién dar recursos. Algunos ejemplos tales como el cambio climático o las células madre embrionarias son elocuentes. Son áreas en las que, independientemente del currículum investigador que se posea, se obtiene financiación especial. Se puede incluso lograr, con algo de suerte, un ministerio como premio.
Y, a partir del 10 de Marzo, ¿seguiremos cuatro años más aplicando el eufemismo de las “políticas de demanda” para que nada cambie?
Mi experiencia personal es que cuando te enfrentas a captar dinero del gobierno, para innovación o para cualquier cosa, mueres ahogado en una montaña de papeles y limitaciones. El dinero llega siempre después, es decir, que sólo puedes reducir los costes de alguien que ya se ha jugado el pellejo, por lo que tiene poco valor como estímulo y sólo premia a los que están establecidos y tienen capacidad de financiación (por dinero o por conseguir avales). Esto me sugiere que el sistema no alimenta la innovación disruptiva, que en tantas ocasiones no se produce en los consolidados: es una historia viejísima la de que IBM se quedó sin controlar el SO. O que el ratón y el entorno de ventanas lo inventaron unos pero sólo pudieron explotarlo tíos que venían de un garage. O MS frente a los servicios de la web.
Es tan complejo, que la mayoría de la gente con la que me he tropezado que maneja subvenciones, admite que lo hace como una reducción de GASTOS GENERALES y que se organizan inversiones que ya se iban a hacer en forma de i+d. Yo mismo he concebido proyectos, con ayuda de terceros, para transformar inversión productiva en innovación por pura necesidad financiera ante determinadas convocatorias públicas.
Por tanto, busquemos la forma de liberar la innovación de los fondos públicos. Tiene todo el sentido: lo público no puede derrocharse ni arriesgarse, tiene que dar cuentas a todo el mundo en forma de control (evitar el fraude, lo que es sinónimo de papeleo) y en forma de iniciativas: hay sectores de la sociedad que pueden censurar o sentirse incómodos porque el gobierno apoye con dinero de todos determinadas innovaciones o investigaciones (sucede con el arte, también) y eso conlleva que no pueda creerse más que en lo que esté aparentemente bien sustentado. El funcionario que otorga la subvención, además, no se juega nada. O eso creo, que me corrijan los iniciados.
El capital riesgo americano, que es el ejemplo, apoya mejor la innovación: asumen que es riesgo, por tanto exigen retornos altísimos y vigilan el trabajo para intentar que sea así. Para compensar riesgos, manejan un portfolio amplio a sabiendas de que no todo sale. Así, una locura con potencial tiene espacio y oxígeno para crearse sin burocracia y con dinero desde el primer día y sin presión por el retorno económico: el que pone su dinero no es tonto y exige resultados. La subvención pública se da y que pase lo que sea, la exigencia es inevitablemente menor. El de riesgo, no el equity, es un tipo de dinero que no abunda aquí ni en calidad ni en cantidad: debiéramos explorar cuánto hay de sociológico y cuánto de institucional en esta limitación.
Entiendo que hay otros aspectos, como la ciencia básica que requieran tratamientos diferenciados y que, como los aceleradores de partículas, puede que sean inviables sin particiapación pública. Las desgravaciones fiscales a las empresas tengo la sensación de que tienen el mismo efecto que la subvención: es útil si entra en mi estrategia de negocio hacer esto o aquéllo, pero no es un incentivo en sí mismo para apoyar la investigación o la innovación si no forma parte de tu planteamiento para mantenerte en el mercado. Y parece que se puede ganar dinero sin innovar demasiado: si esto es así, es de una lógica aplastante que el que invierte no quiera correr riesgos tan altos.
En definitiva, que otro esquema debe ser necesario.
Aclaro: he dejado incompleta por error esta frase «y sin presión por el retorno económico: el que pone su dinero no es tonto y exige resultados». Lo que quiero decir, es que la presión no es para ganar dinero en seis meses, sino lo que refleja el BP, que si está bien concebido, tiene un periodo de maduración implícito, que es el que exige el inversor. Cada proyecto tiene su timing para ganar dinero. Si no fuera así, Google no habría existido.
Juan, lo vinculo y comento en http://uamblogger.blogspot.com/2008/03/debate-poltico-para-qu.html
Suscribo lo comentado por Gonzalo Martín.
El modelo europeo cada vez tiene más hacia la financiación de las ideas innovadoras a través del «capital riesgo» (copiando el modelo americano, una gran innovación…). Pero no se tiene en cuenta que en Europa y sobre todo en España, el fracaso impide segundas oportunidades. Es decir, aquí sólo se financia un proyecto si la «idea» y el producto/servicio desarrollado serán rentables. Así que en España jamás se financiará un proyecto innovador porque se exige una rentabilidad que NO puede ser asegurada en 9 de cada 10 proyectos de innovación.
En USA tienen claro que la innovación es un negocio de riesgo. Y una empresa que ha fracasado seguirá recibiendo capital riesgo bajo la premisa de que un fracaso implica conocimiento y, en consecuencia, un porcentaje mayor de éxito en la innovación planteada. Si en españa fracasas serás un fracasado, no un emprendedor.
Aquí el capital riesgo debería llamarse «capital asegurado». Y debemos recordar que correr un riesgo es, según la RAE: «Estar expuesto a perderse o a no verificarse».
También suscribo lo relativo a la burocratización del proceso innovador. Los que nos dedicamos a la Gestión de la I+D+i, hemos pasado de gestionar ideas a gestionar papeles, montañas de papeles (miles de árboles) y es que la delegación de muchas competencias en materia de innovación a las comunidades autónomas redunda, salvo honrosas excepciones, en un fracaso del caduco sistema de I+D+i español. Un sistema basado en indicadores (no en acciones concretas), excesivamente cuadriculado (no es posible cuadricular la innovación) y que premia a las grandes empresas, con capital suficiente como para no depender de las ayudas públicas, ignorando los pequeños proyectos innovadores que conducen a innovaciones radicales.
Y no hablemos del personal investigador español. El estatuto del Personal Investigador en Formación sigue siendo un chiste, pues se han vuelto a delegar competencias y cada uno hace lo que quiere con el mismo. Resulta curioso cómo son algunos Organismos Públicos los primeros en inventarse formas jurídicas para evitar que sus investigadores puedan acogerse al EPIF. Un chiste de país en el que se habla de fuga de cerebros… Si quieren ponemos la cabeza bajo la guillotina también, hipotecando nuestro futuro por una beca de investigación de 900€ con 29 años, sin haber cotizado ni un solo mes a la SS. La mayoría de estos investigadores cuando encuentran un buen trabajo remunerado huyen de la investigación que tanto amaban y que tanto han llegado a odiar.
La gestión de la I+D+i en la Universidad sigue siendo de risa. Recuerdo el caso de una universidad que prohibió que, hasta pasados 4 años, una spin off patentara un sistema electrónico. Se creerían que en 4 años la tecnología no evolucionaría. Un modelo caduco basado en estatutos de la época terciaria y en sistemas retributivos que premian la figura del becario esclavo malpagado, el número de publicaciones (haciendo inútil las patentes) y las investigaciones en consonancia con los dictámenes de los departamentos. ¿Cuántas universidades dan facilidades a los estudiantes para que investiguen por sí mismos, utilizando las infraestructuras universitarias?
Si los que tienen que tomar las decisiones no conocen cómo funciona realmente el sistema, sólo se conseguirán iniciativas que contribuyen positivamente a los indicadores (no a los resultados), políticas que no se adaptan a la realidad, creación de un enrevesado mapa de entidades de asesoramiento/financiación que se pasan la pelota entre ellas, subvenciones que premian lo mediocre, planes de I+D+i en base a objetivos poco realistas e inalcanzables (como los Objetivos de Lisboa), una legislación que enlentece la innovación (adiós al Time to Market), proyectos de millones de euros para que las grandes empresas sean más grandes…
Un desastre que no parece que vaya a mejorar en un futuro cercano, con lo que España seguirá a la cola europea en innovación aunque se aumenten los presupuestos en I+D+i (ojalá esa fuese la solución), seguirá despreciando a sus investigadores, seguirá fracasando en la colaboración Universidad-Empresa, seguirá hartando a las empresas que han apostado por introducir la figura del Gestor de la I+D+i en su estructura, seguirá sin innovar en las AAPP… Y, en definitiva, fracasando en crear un marco adecuado para impulsar que las ideas terminen convirtiéndose en productos/servicios que rompan los mercados, que se creen redes de conocimiento y que se introduzcan innovaciones en gestión y procesos en las organizaciones.