Todas las señales apuntan a que nos encontramos en el medio de una profunda crisis social y política con consecuencias aún por comprender y que impactan desde la escala global a la más local. Las disrupciones continuas provocadas por la tecnología digital; la creciente brecha entre políticos, gobernantes y gobernados; la emergencia de nuevas voces y activismos; los problemas emergentes que no se pueden clasificar en las categorías sectoriales a las que está acostumbrada la tecnocracia … Todos estos son componentes de esa crisis que contiene elementos dramáticos dado que afecta a nuestra sostenibilidad como sociedad y también a nuestra capacidad de mantener la esperanza. Pero quizás, en lo que nos sucede esté también la semilla de una nueva esperanza que nos hace seguir trabajando por un futuro diferente: los ciudadanos ya no aguardan pasivamente el cambio y, a la vez que reclaman, han aceptado su papel protagonista y actúan para ser ellos mismos el propio cambio.

En este contexto incierto, abierto, complejo y paradójico existen dos preguntas esenciales cuya respuesta definirá la razón de ser de las instituciones públicas en los sistemas democráticos:

  • ¿cómo se puede escuchar de modo efectivo las innumerables voces de personas y colectivos diversos que reclaman su derecho a participar activamente en la vida pública?
  • ¿cómo se desarrollan políticas públicas para afrontar los nuevos, y viejos, retos que no admiten soluciones simples ni solamente técnicas?

Los instrumentos tradicionales utilizados por las instituciones públicas parecen incapaces de hacer frente a esos retos, e incluso en ocasiones pueden ser considerados parte de la causa de los problemas a que nos enfrentamos:

1. La planificación

La planificación tuvo su razón de ser en un mundo estable en que un grupo de expertos dotados de conocimiento técnico y de la información necesaria eran capaces de realizar predicciones y diseñar acciones para moldear el futuro de acuerdo con ciertos objetivos. En un mundo incierto el valor de la predicción se reduce drásticamente conforme sus resultados se hacen menos fiables. Si planificar ya no es el camino, la alternativa es la experimentación continua. Donde no llegan los planes precisamos modelos que planteen hipótesis sobre la realidad y permitan ser sometidos a prueba mediante experimentos. Las prácticas habituales de la ciencia, el diseño de productos o el desarrollo de software se han convertido en el marco general de intervención. Experimentar es aprender y solo un aprendizaje institucional continuo puede permitir hoy en día encontrar soluciones reales a los problemas.

2. Los expertos

Los expertos, que configuran la tecnocracia al servicio de las instituciones públicas, se han especializado en la resolución de lo que podríamos denominar problemas agudos. Aquellos problemas bien definidos y que admiten una solución basada en la aplicación de un conocimiento técnico normalmente disciplinar. Sin embargo, en las últimas décadas estamos tomando conciencia de que la mayor parte de problemas que nos afectan como sociedad son problemas crónicos y complejos; problemas que tenemos dificultad incluso para definir y que no admiten una solución disciplinar. Se ha acuñado el término “wicked problem” (problema retorcido) para identificar estos problemas difíciles o imposibles de resolver dado que no se pueden formular por completo y a la vez cualquier solución es siempre parcial dado que las condiciones son cambiantes y/o la misma solución implica también impactos negativos. Los problemas complejos o “retorcidos” son en este sentido crónicos, precisamente por no contar con una única solución o más bien porque cualquier solución resuelve ciertos aspectos pero genera otros impactos negativos.

Por otra parte este tipo de problemas plantean retos metodológicos dado que, al no estar definidos por completo, solo se pueden comprender mediante la inmersión y por tanto solo cuando nos afectan porque somos parte activa del propio proceso. Los expertos y planificadores abordan los problemas bien definidos mediante diagnósticos basados en conocimiento “profesional”. Los problemas complejos y crónicos requieren de escucha. Comprender las diferentes perspectivas y ángulos de un contexto requiere de diversidad en las voces participantes. Esta diversidad no se restringe solo al conocimiento profesional ni es suficiente la multi- o inter-disciplinariedad. Se necesitan las voces de los afectados, de la ciudadanía, que construyen (la percepción, la definición) del problema junto con las de los expertos y los responsables de su gestión. Además la comprensión del problema ya no puede ser un proceso únicamente de reflexión intelectual; no lo hacemos solo recopilando la información disponible que es sometida a análisis. Dado que el conocimiento tácito y las cuestiones subjetivas y emocionales son partes esenciales solo pueden ser aprehendidas desde la acción. Por tanto la experimentación, el prototipado, ya no es solo una herramienta para encontrar soluciones efectivas, es a la vez un proceso de escucha activa.

3. Las mayorías

Las instituciones públicas han trabajado habitualmente para las mayorías, pero ¿cuáles son las mayorías hoy en día en un mundo en que las personas ya no pueden ser clasificadas en categorías sencillas? El reconocimiento de las múltiples minorías y de la enorme diversidad de nuestra sociedad es una obligación ineludible. Pero además, la alteridad es una herramienta fundamental para un abordaje inclusivo y efectivo de los problemas. No se puede comprender lo que nos pasa como sociedad  sin escuchar activamente la diversidad de voces afectadas y la diversidad de saberes relacionados. Por tanto,  los problemas y puntos de vista de las minorías deben ser incorporados tanto por razones, esenciales, de justicia social como para lograr la mejora del propio proceso de diseño e implementación de políticas públicas (y podríamos decir que de cualquier tipo de “política”, también las estrategias empresariales o las de comunidades y organizaciones cívicas).

En este sentido la aportación del feminismo no se restringe solo a defender los derechos de las mujeres como un grupo social (en este caso además mayoritario) sino que la aplicación de sus valores genera una sociedad más justa e inclusiva para todos sus miembros. Del mismo modo, por poner solo otro ejemplo, el diseño urbano pensado para los colectivos con diversidad funcional produce ciudades más habitables de las que se benefician todos sus habitantes, más allá de su situación particular.

4. Lo público y lo privado

El contexto socio-económico y político en que hemos habitado en las últimas décadas se basa en asumir la existencia de dos únicos entornos complementarios de propiedad y gobierno de los recursos y de las personas: el público y el  privado. Paradójicamente este marco mental que nos ha guiado ha olvidado el entorno común o pro-común, el de las formas de gobernanza y gestión que se desarrollan, o pueden desarrollarse, de forma autónoma y colectiva por la ciudadanía sin necesidad de intervención de lo público ni de privatización. Desde la década de 1990 el desarrollo de Internet, debido en buena medida a recursos e infraestructuras comunes, ha revitalizado este modelo que poco a poco ha ido resurgiendo y expandiéndose a ámbitos no digitales. El pro-común no es una forma alternativa de gobernanza que se opone a lo público o a lo privado sino un sistema complementario que se desarrolla en diálogo, y fricción, continuos con los otros entornos.

Abandonar el marco simplista público-privado implica una devolución de capacidades de gestión y gobierno autónomos a la ciudadanía y de la reinvención de las relaciones y reglas de juego para la convivencia fructífera de los tres entornos. Las políticas públicas, en este contexto, deben pasar de ser únicamente finalistas y atentas a la “resolución” efectiva de necesidades y problemas para convertirse en posibilitadoras a modo de infraestructuras que empoderen individual y colectivamente a los ciudadanos para que puedan decidir y actuar sobre sus propios problemas. Este cambio no está exento de riesgos importantes. Quizás el mayor es que sea utilizado por la política para justificar reducciones de inversiones y del propio papel de lo público trasladando responsabilidades a la ciudadanía sin ningún tipo de contrapartida. Bien al contrario, asumir el papel del pro-común y los nuevos roles de la ciudadanía implica un cambio en las funciones de las instituciones públicas que no necesariamente implican una reducción de su tamaño, pero si una mayor agilidad, flexibilidad y eficacia.

Podríamos resumir que las políticas públicas tradicionales basadas en la planificación, los expertos, las mayorías y una estructura público-privada han mostrado su utilidad pero también sus limitaciones que se han hecho aún más evidentes en el nuevo contexto social. Sin entrar a debatir si estas políticas tradicionales deben seguir existiendo y cual debe ser su alcance, el nuevo marco hace necesario al menos que surjan nuevas políticas públicas, y nuevas formas de hacer políticas públicas, que pasan por un enfoque experimental que permita trabajar de forma horizontal a ciudadanos, expertos y técnicos abordando problemas complejos y reconociendo la diversidad social como una oportunidad para generar políticas más inclusivas y sostenibles, en resumen para construir realmente una sociedad en común.

La innovación ciudadana y los laboratorios ciudadanos (como dispositivos para promoverla) emergen como una forma de hacer operativa la esperanza en ese futuro y sobre los que hablaremos en próximos textos.

 

Este texto fue parte de mi aportación al proyecto CO-LAB, Laboratorio de Innovación Ciudadana del Concello de A  Coruña. El texto no es original, posiblemente tampoco un plagio en sentido estricto, dado que vuelca, posiblemente de forma torpe e imperfecta, lo que he aprendido durante años de muchas personas y en especial de Marcos García, Director de Medialab Prado (MLP), y Antonio Lafuente, coordinador del Laboratorio del Procomún de MLP y científico de Centro de Ciencias Humanas y Sociales del CSIC.

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