Datos públicos para una sociedad libre: Liberación de datos geográficos en España

Los datos son aburridos, los metadatos aún más … y el BOE puede que sea la obra literaria más vacua de la historia. Pero la imagen recoge una orden que merecería ser considerada una obra maestra, aunque tardía, de la cultura digital y un paso clave para el desarrollo de la sociedad red en España: la liberación a través de Internet por parte del Instituto Geográfico Nacional, por medio del Centro Nacional de Información Geográfica, de toda su información (bases de datos geográficos y sus metadatos). En otras palabras, la ciudadanía recupera el esqueleto de su piel digital. Una mina de información esperando a ser explotada y convertida en conocimiento:

La Dirección General del Instituto Geográfico Nacional, en adelante IGN, para llevar a cabo la misión de servicio público que tiene encomendada, genera y mantiene un importante volumen de información geográfica. De entre esta información geográfica destacan los datos que se ven reflejados en las series y bases cartográficas nacionales, en ortofotografías aéreas y ortoimágenes de satélites, y en fotogramas aéreos como documentos iniciales del proceso de ortofotografía y de producción y actualización cartográfica. Estos conjuntos, en forma digital, constituyen la mayor parte de la información geográfica de referencia continua y completa para toda España.

En parte provocados y en parte obligados por la Directiva INSPIRE por la que se establece una infraestructura de información espacial en la Comunidad Europea (y a pesar de sus efectos perversos), la administración pública española se han decidido a dar un paso clave:

Ministerio de Fomento (BOE 85 de 8/4/2008). ORDEN FOM/956/2008, de 31 de marzo, por la que se aprueba la política de difusión pública de la información geográfica generada por la Dirección General del Instituto Geográfico Nacional.

Algunos de mis filtros personales predilectos para seguir las desventuras (y en raras ocasiones como esta, alegrías) de los datos y el conocimiento libre, como Juantomás García y Luistxo Fernández, comentaron ya la noticia y matizaron sus contenidos.

La orden consagra el “libre acceso a la información”, incluyendo su gratuidad, para usos no comerciales. Pero, y esta es para mi una de las principales críticas que se le podría hacer a esta decisión, establece una serie de limitaciones para usos comerciales:

Para impulsar la creación de valor añadido por los sectores profesional y empresarial a partir de la información geográfica digital producida por el IGN y de los servicios de información geográfica a través de Internet de éste y del CNIG, este último facilitará el uso comercial de dicha información y de los servicios especificados, estableciendo los servicios adecuados de gestión de este tipo de uso, preferiblemente por medios telemáticos en línea. Estos servicios requerirán la suscripción por sus demandantes de acuerdos, convenios o contratos comerciales con el CNIG. La contraprestación pecuniaria exigible para este uso comercial se regirá por lo establecido en la referida resolución del Presidente del CNIG.

Por esta razón Luistxo Fernández titula su post ¡Liberada (prácticamente) la información geográfica española! y analiza la cuestión de los usos comerciales:

Aunque la salvaguarda del uso "no-comercial" impide dar a la información la calificación de contenido libre, varias precisiones del decreto permiten un marco muy general y aprovechable también para el desarrollo empresarial, para aplicaciones e ideas de Internet, móvil, etc. Concretamente, por dos vías:

• La integración de la información geográfica "en sistemas de gestión interna de la propia empresa" no tendrá la consideración de uso comercial.
• "Asimismo, se permitirá la difusión y publicación de los datos en portales Internet o Intranet siempre que éstos no lleven asociada una explotación comercial directa con fines de lucro."

Creo entender, por la redacción de este último punto (artículo 4, punto 2), que la reventa de la información no es permisible, pero por ejemplo, el uso de los datos en aplicaciones cuyo base comercial sea indirecta sí parece factible: publicidad contextual en un sitio como Tagzania, o el uso de la ortofotografía o cartografía pública en los mapas de Nestoria, que hace negocio con los portales inmobiliarios, no con esos mapas en sí.

Por otro lado, para usos comerciales directos se habilitarán unas licencias y contratos cuyo coste se estudiará caso por caso.

Efectivamente, estos contenidos no van a ser completamente libres (cabría preguntarse si existe la libertad parcial). En mi opinión, y dado que el acceso a los datos por parte de usuarios a través de Internet supone un coste mínimo para la administración, los usos comerciales deberían tener un tratamiento similar a los no comerciales. Es esta una cuestión polémica, pero estos son para mi algunos argumentos a favor de una liberación total:

• Estos datos han sido obtenidos con financiación pública, o sea han sido pagados por todos los ciudadanos (tengan o no una actividad empresarial).
• Los usos comerciales son generadores de servicios a los ciudadanos y de desarrollo socioeconómico, por lo que imponer barreras (y si las tarifas no tienen un objetivo recaudatorio, esta parece la única explicación) solo tendrá un efecto negativo.
• El hecho de que un usuario no pueda redistribuir directamente la información, aunque reconozca la fuente, también entorpece posibles usos comerciales y no comerciales.
• Y por último, la redacción de la orden abre un cierto espacio para la arbitrariedad en la toma de decisiones (“cuyo ”…coste se estudiará en cada caso”) que no debería existir en la relación entre la administración y los ciudadanos.

Salvando las enormes distancias, nuestro grupo de investigación decidió liberar su información geográfica digital usando una licencia Creative Commons que permite usos comerciales. De hecho, una de nuestras grandes dudas, que aún mantenemos, fue incluir la cláusula de “Compartir igual”. En todo caso, la orden del IGN restringe mucho los usos que considera comerciales y permite que las empresas hagan un amplio uso de los datos con pocas restricciones.

Tenemos que felicitarnos todos y felicitar a las personas que desde la administración pública española han sabido tomar esta decisión, afrontando las reticencias y críticas más o menos solapadas que posiblemente genere tanto dentro como fuera de las instituciones (un sistema construido en base a unas relaciones de dependencia y poder que con estas medidas pueden empezar a resquebrajarse). Pero este paso, siendo importante, es solo el comienzo de un proceso que debería ser mucho más amplio (y esperemos que más rápido). Sigue cerrada la información geográfica de otros organismos públicos: ayuntamientos, diputaciones, gobiernos autonómicos … y de otros organismos de la propia administración central. Pero la información geográfica no es más que el esqueleto, y la piel digital necesita de otros componentes no geográficos. Datos de todo tipo que siguen en manos de la administración. Datos (pagados con fondos) públicos que siguen sin ser públicos.